Fecha de actualización: Lunes 8 de febrero de 2016
El juzgado de lo Social número dos de Salamanca ha obligado a Tragsa a readmitir a un Técnico de prevención afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al considerar que se trata de un despido improcedente.
Se trata de la primera sentencia contra la empresa pública integrada en SEPI que obliga a readmitir a uno de los 555 empleados afectados por el ERE en las condiciones laborales que tenía o a indemnizarle con la cantidad económica estipulada.
Dicho trabajador prestaba servicios como técnico de prevención de Riesgos Laborales y fue despedido en 2014 con la justificación de la reducción de encargos a Tragsa y la fusión de las gerencias de Salamanca y Avila.
Ahora, el juez ha declarado la improcedencia del despido al entender que la empresa pública no ha respetado la garantía de permanencia, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni ha acreditado que todos los puestos de trabajo del mismo nivel han sido igualmente suprimidos.
Según explicó la compañía, la "drástica" caída de producción e ingresos del Grupo Tragsa en más de un 60% a partir de 2009, cuya consecuencia fue un resultado de explotación negativo acumulado de más de 70 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014, hizo necesaria en febrero 2013 la puesta en marcha de un Plan de Transformación Global que permitiese superar "la difícil situación económica y garantizar la sostenibilidad y el futuro del Grupo".