Fecha de actualización: Jueves 21 de julio de 2022
La sentencia, que ya ha sido recurrida por el Consistorio, incide en que la administración no llevó a cabo ninguna acción para esclarecer los hechos puestos de manifiesto por la funcionaria afectada, que además es testigo en causas contra la alcaldesa y el primer teniente de alcalde
Una pasividad “cuasi obscena”. Con este calificativo ha definido un juez la posición adoptada por el Ayuntamiento de Mogán ante la denuncia de una funcionaria interina por un presunto caso de acoso laboral en la administración. El magistrado Carmelo Batista, titular del Juzgado de lo Social 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha condenado al Consistorio a indemnizar con 30.000 euros a la trabajadora por una infracción grave de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, debido a la ausencia de actuaciones para esclarecer los hechos puestos de manifiesto por la afectada.
La sentencia, que ha sido recientemente recurrida por la corporación local, advierte además de la “reiteración y contumacia” en la conducta de los responsables municipales, en particular del primer teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos y recuerda que el Ayuntamiento ya fue condenado por hechos similares en una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC) en octubre de 2020. Ese fallo adquirió firmeza en septiembre del año pasado después de que el Supremo desestimara el último recurso presentado por el Ayuntamiento de Mogán. En aquella ocasión, la indemnización por daños morales al funcionario que demandó ascendió a 20.490 euros.
europreven.es
Última visita: 21/07/2022